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Helena Maleno, tres bomberos andaluces o la tripulación del barco de la ONG Proactiva Open Arms… tres casos unidos por dos circunstancias similares; su dedicación desinteresada a salvar vidas de refugiados o emigrantes y ser víctimas de una denuncia surrealista de tráfico de personas. ¿Qué está pasando?

Estamos ante políticas de hostigamiento y criminalización de la ayuda humanitaria y de aquellos que salvan vidas; de los que realizan voluntariamente el trabajo que deberían estar haciendo los gobiernos; de los que son testigos incómodos para estos gobiernos a los que los inmigrantes o refugiados molestan y para las mafias que trafican con personas.

Helena Maleno

Helena Maleno es periodista, especialista en migraciones y trata de personas, defensora de los Derechos Humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras que tiene como objetivos el apoyo a las redes migrantes, la sensibilización y la denuncia de la emigración como problema humano. Pero lo que mejor la define es activista de derechos humanos.

Maleno está siendo investigada por la justicia de Marruecos por sus incesantes llamadas a Salvamento Marítimo para alertar de las personas que están ahogándose en el Mediterráneo. Es, aunque lo niegue, la Justicia española la que inicia la investigación sobre Maleno y advierte a la Justicia marroquí de que hay una española que por su actividad debe ser investigada. Las posibles acusaciones son “favorecimiento de la inmigración irregular y asociación de malhechores” que la podrían llevar, en caso extremo, a la pena de la cadena perpetua en Marruecos.

Maleno es una mujer incómoda no solo para los países a los que molestan los inmigrantes, sino también para las mafias del negocio del control de fronteras; es el testigo incómodo que nadie quiere tener.

Esta mujer valiente hace, sencillamente, lo que debería estar haciendo el Ministerio del Interior, salvar vidas, evitar que los naufragios de pateras acaben en un mar de muerte. Denuncia también las violaciones de derechos humanos y la violencia policial en nombre de nuestro Gobierno y, claro, eso “molesta”.

Activistas de Proem Aid

Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y Manuel Blanco, tres bomberos sevillanos, miembros de la ONG Proem Aid, fueron detenidos en 2016 en la isla griega de Lesbos cuando salieron en una noche dispuestos a auxiliar a una barcaza de refugiados sirios que se estaba hundiendo y que nunca llegaron a encontrar. En su lugar, ya llegando a tierra se encontraron con los guardacostas griegos, con los que venían colaborando hasta aquella noche, y que los condujeron a la los calabozos de Mitelene, la capital de Lesbos.

Las autoridades griegas los acusan de tentativa de tráfico de personas e inmigración irregular. Tras pasar tres días detenidos, fueron puestos en libertad después de pagar cada uno una fianza de 5000 euros. El próximo 7 de mayo serán juzgados en Grecia y se enfrentan a posibles condenas de cárcel.

Proactiva Open Arms

El pasado marzo, la Fiscalía de Sicilia ordenó la inmovilización del barco Opem Arms de la ONG española Proactiva Open Arms a la que acusó de organización criminal y de fomentar la inmigración ilegal. Acababan de desembarcar a 218 inmigrantes libios que habían rescatado tras estar a la deriva en el Mediterráneo y que se habían negado a entregar a los guardacostas Libios, como les pedían las autoridades italianas, por considerar a Libia un país no seguro.

Según explica Óscar Camps, presidente de Proactiva Open Arms, entregarlos a Libia hubiese sido algo similar a una “devolución en caliente”, lo que va contra los derechos humanos y contra las recomendaciones de las autoridades españolas respecto a Libia.

El presidente de Proactiva Open Arms enmarca este incidente en la campaña de desprestigio y acoso que desde 2016 vienen sufriendo las ONG que trabajan rescatando personas en el Mediterráneo.

Afortunadamente, el barco ya ha sido liberado por las autoridades italianas y ha zarpado de nuevo para realizar tareas humanitarias mientras prosigue la causa penal de la acusación contra la ONG.

Es difícil de entender, difícil de asumir que la generosa y voluntaria actividad de salvar vidas, de hacer lo que tendrían que estar haciendo los correspondientes gobiernos o la UE acabe volviéndose contra los salvadores en forma de delito, detención y posible condena y que los “acusadores” sean esos gobiernos que prefieren recibir cadáveres en sus playas a atender a refugiados.

Demasiados casos están coincidiendo en el tiempo en esta Europa deshumanizada que no solo no respeta los derechos humanos sino que criminaliza y penaliza la ayuda humanitaria y persigue la solidaridad.

Migrar es un derecho recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también lo es buscar refugio cuando una persona considera que su vida está en peligro. En consecuencia, sería de esperar que los países europeos, primero por dignidad y después por legalidad, pusiesen los medios para proteger la vida de las personas que llegan a sus costas buscando refugio.

Frente a la inacción de los gobiernos, son las ONG las que cubren esas imprescindibles tareas humanitarias. Personas como Helena Maleno, los activistas de Proactiva Open Arms o de Proem Aid han salvado la vida de muchas personas a las que no protegieron los estados europeos.

Ahora son esos gobiernos los que abiertamente o de manera encubierta tratan de obstaculizar esta actividad humanitaria para fríamente detener la llegada de refugiados a sus fronteras y, ojo, porque si lo consiguieran, frenarían la llegada, pero no la salida, es decir, sin la ayuda humanitaria, no solo habría muchas más muertes sino que también eliminarían a los testigos “incómodos” que ponen voz a las víctimas y denuncian lo que sucede en el Mediterráneo o en el Estrecho.

Ante esta situación, y ante la impotencia de unos gobiernos a los que les digo “¡No en mi nombre!”, me quedo con la grandeza de tantos y tantos cooperantes, activistas, trabajadores de ONG cuya desinteresada labor humanitaria salva y protege vidas y engrandece al ser humano frente a la frialdad de gobiernos que manejan cifras macroeconómicas como único “código ético”.

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