Viñeta de Polo – @PeaLeopoldo

Artículo de Simone Renn – @SimoneRenn

 

Jueces para la Democracia pide la dimisión del Presidente del Tribunal Supremo tras la decisión sobre las hipotecas.

Las asociaciones de consumidores esperan que el Tribunal Europeo corrija la decisión del Tribunal Supremo

El Gobierno cambia la Ley de las hipotecas mediante un Real Decreto el 8 de noviembre.

 

 

En 1993 el PSOE puso en marcha una nueva Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD), por la que las comunidades autónomas recibían el impuesto que hasta el día de hoy han pagado los ciudadanos cuando el banco quería registrar la firma de la hipoteca como un “acto jurídico documentado”.

Hasta la fecha ningún gobierno se ha ocupado de establecer que tuviese que ser el banco quien fuese el responsable pagador de dicho impuesto, pues aunque era lo más lógico ya que es el banco el sujeto interesado en registrar la hipoteca y no el ciudadano que la firma, sin embargo durante todos estos años ha sido la ciudadanía la que ha cargado con el pago de este injusto impuesto.

Fue el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado hoy por una coalición de Izquierda Unida, Podemos y EQUO quien interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo en el 2011 y por fin el pasado 18 de octubre, se publicó la decisión:

La sentencia anulaba un artículo del reglamento del impuesto que establecía que el prestatario era el sujeto pasivo del impuesto por ser contrario a la ley.

Esta sentencia rectificó su propia jurisprudencia ya que en febrero de este año dictaminó que era el cliente el que debía abonar el tributo

La decisión del Supremo fue recibida con gran júbilo pues parecía que por fin iban a prevalecer los derechos de la ciudadanía frente a los de la banca, pero como se suele decir “poco dura la alegría en casa del pobre”, al menos hasta ahora.

En menos de 24 horas el Tribunal Supremo paralizaba su decisión en un hecho sin precedentes en la historia de la Justicia española. El Alto Tribunal avocó al Pleno de la Sala para decidir si el giro jurisprudencial de la sentencia anunciada el día anterior debía ser o no confirmada. La justificación que dio el Supremo fue que su decisión podía causar una “enorme repercusión económica y social”.

Asociaciones de consumidores e incluso Juezas y Jueces por la Democracia mostraron su perplejidad ante la decisión inusitada del Supremo.

Juezas y Jueces por la Democracia llegó a decir que era intolerable que una sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo velando por los intereses de la ciudadanía, se fuese a revisar por los intereses de la banca.

Por fin este pasado martes llegó la decisión del Supremo, quien por una diferencia de 13 a 15 votos finalmente dio de nuevo la razón a la banca, siendo los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, lo que incluye el impuesto sobre hipotecas.

La indignación llegó a ser tal que en esta ocasión la asociación Juezas y Jueces por la Democracia llegó a pedir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, y del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo.

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, es hermano del actual director del despacho Díez-Picazo, que defendió a la banca por las cláusulas suelo. ¿Curioso?

 

Lo que desde luego llama poderosamente la atención es que ahora todos los partidos se rasguen las vestiduras tras la sentencia del Tribunal Supremo, y más en concreto la reacción del PP y PSOE que han tenido desde el año 1993 para modificar la ley y hacer que fuesen los bancos quienes pagasen los impuestos.

El PSOE ha respondido publicando un Real Decreto que modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre, que es efectivo desde este pasado viernes por el que el banco será el responsable del pago de este impuesto y que afectará a las hipotecas contratadas a partir del 12 de noviembre.

El Partido Popular lo que propugna es la anulación de este impuesto, mientras Ciudadanos ha apoyado la decisión del Gobierno de poner en marcha el Real Decreto Ley que hace que sea los bancos quienes paguen.

El decreto que podría suponer en principio una nueva alegría para el ciudadano, hay que examinarlo en profundidad, pues todo indica que los bancos lo que harán es repercutir este gasto en las nuevas hipotecas, mientras los exime del pago retroactivo de todas las hipotecas emitidas que suponía una media de devolución a la ciudadanía de 3.000 euros por hipoteca.

Curiosamente en el decreto se exime a los bancos del pago del impuesto en los casos en los que los préstamos hipotecarios se conceda a una serie de entidades, entre ellas las entidades sin fines lucrativos, las cajas de ahorros y fundaciones bancarias en las compras de obra social, el Instituto de España y las Reales Academias, los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, la Cruz Roja y la ONCE, entre otros. Esto supone supone ofrecer una bonificación a las entidades por prestar dinero a este tipo de instituciones.

Aunque se especifica que los bancos no podrán desgravarse el pago de este impuesto de sociedades, esa medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero, de esta manera se garantiza que las comunidades seguirán recibiendo los 2.000 millones de euros que entran en sus arcas cada año por este tributo, según los cálculos del Gobierno.

Queda por ver si las comunidades autónomas también mantendrán algunas exenciones en el pago del impuesto, pues hasta ahora estaban exentos total o parcialmente del impuesto de las hipotecas las personas con discapacidad, las familias numerosas, los jóvenes y otros colectivos. Ahora no se sabe si en la medida que el banco asume el pago del impuesto estos colectivos pueden salir perjudicados por el cambio normativo si las entidades acaban repercutiéndoles el impuesto, como vaticinan los expertos.

Este sábado se han llevado a cabo concentraciones por toda España para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo, convocadas por Podemos, Izquierda Unida, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y Stop Desahucios, bajo la proclama “si gana la banca, pierde la ciudadanía“.

 

 

Las concentraciones frente a la sede del Alto Tribunal en Madrid, y las llevadas a cabo en diferentes puntos de España, están sirviendo además para reclamar mecanismos de protección para los ciudadanos, viviendas dignas, denunciar las políticas de desahucio de las entidades, unas pensiones dignas y una democracia que no esté controlada por la banca. Además de la proclama oficial se han podido escuchar otras como: “El oro del banquero, la sangre del obrero”, “Escándalo supremo” o “Banqueros robando y los jueces ayudando“.

 

 

Asociaciones de consumidores y despachos de abogados coinciden en que para reclamar el pago retroactivo del impuesto de las hipotecas, tras la decisión del Tribunal Supremo aun queda  llevar el caso a Luxemburgo, donde está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues existe la posibilidad de que corrija el fallo del Tribunal Supremo.

Asociaciones de consumidores como Adicae o la OCU van a hacer todo lo posible para que Europa analice la sentencia y animan a los afectados a ir a los juzgados confiando en que pronto algún juez eleve el caso al tribunal comunitario. Sería la manera de que  Luxemburgo rectifique la sentencia, como, de hecho, ya ocurrió con las cláusulas suelo en 2016.

Parece que solamente un juez puede llevar el caso al tribunal de Luxemburgo presentando una cuestión prejudicial y dado que hay muchos jueces indignados con el Tribunal Supremo, sí que existe una gran probabilidad de que se vaya a llevar a cabo.

 

Breve resumen de cómo se eligen los miembros del TS

Os dejamos un vídeo en el que Ignacio Escolar explica cómo se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, motivo por el que la UE ha llamado la atención a España.

 

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