Viñeta Manuel S. de Frutos – @MSdeFrutos

Artículo Conrado Galiana – @ConradoGaliana

 

El CGPJ se encarga de configurar la estructura del sistema judicial español.

La enorme relevancia del CGPJ en la vida política nos hace comprender el interés que mueve a los partidos a controlar el modo en que se elige a sus miembros.

Según datos del Banco mundial de 2016, en el ranking de independencia judicial, España ocupaba el puesto número 84, por detrás de Marruecos.

Desde su aparición en la Constitución de 1978, el sistema de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha experimentado notables variaciones.

El texto constitucional afirma que el CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo más veinte miembros (vocales) por un período de cinco años. De estos veinte, doce serán elegidos entre Jueces y Magistrados. Los otros ocho no serán jueces, sino abogados y juristas, cuatro de ellos elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. Vale.

En ningún momento se ha puesto en duda que la elección de estos últimos ocho miembros corresponda a las Cámaras. Lo que sí ha sufrido variaciones ha sido la forma en que debían elegirse a los otros doce miembros, es decir, a los jueces o magistrados.

La Ley Orgánica de 1980 exigía que esos doce vocales de procedencia judicial fueran elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encontraran en servicio activo, mediante voto personal, igual, directo y secreto. En aquel momento, las altas magistraturas del Estado todavía estaban mayoritariamente ocupadas por los antiguos cargos del franquismo y aún no había transcurrido tiempo suficiente como para verse renovadas. Los jueces y magistrados que resultaban elegidos por sus propios compañeros tenían, como parece evidente, un carácter muy conservador.

Para combatir ese sesgo, en 1985, el Gobierno de Felipe González decide llevar a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ella, los socialistas modificaron el modo de elección del CGPJ y consiguieron que los doce jueces también fueran elegidos por las Cámaras, de modo que seis serían propuestos por el Congreso y seis por el Senado. (No olvidemos que el PSOE llegó al poder en 1982 y mantuvo la mayoría absoluta en el Congreso hasta 1993 y en el Senado hasta 1989).

La reforma no le gustó ni al Partido Popular ni a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, y ambos reclamaron un retorno al sistema de 1980. No obstante, el cambio tendría que esperar hasta 2001, año en que el Gobierno de Aznar redactó una ley orgánica que modificaba la de 1985. En ella, los doce jueces seguían siendo elegidos por las Cámaras, pero con la novedad de que tendrían que ser seleccionados de entre los 36 propuestos por las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados. Aun así, la propuesta quedaba lejos de las demandas de jueces y magistrados que pugnaban (y pugnan) por volver al sistema de 1980.

La enorme relevancia del CGPJ en la vida política nos hace comprender el interés que mueve a los partidos a controlar el modo en que se elige a sus miembros. Entre las competencias del CGPJ están, entre otras, las de nombrar a los magistrados de la Audiencia Nacional, nombrar al presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo, nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y aprobar el nombramiento de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y las Audiencias Provinciales. Es decir, configurar la estructura del sistema judicial.

Según datos del Banco mundial de 2016, en el ranking de independencia judicial, España ocupaba el puesto número 84, por detrás de Marruecos (83) aunque por delante de Eslovenia (85). En 2018 el Foro Económico Mundial ha preguntado por la independencia del poder judicial respecto a la influencia de gobiernos, individuos o empresas, y los datos son algo mejores para España, pues la colocan en un destacado puesto 58 (empatado con Botswana y una décima por delante de Malawi y Brunei). En el Eurobarómetro de 2018, donde se evalúa la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia del poder judicial, España ocupa el puesto 23 de 28. El 35% de los encuestados piensa que existe una notable interferencia en el funcionamiento de la justicia por parte de los poderes económicos y políticos.

Si echamos un vistazo al sistema de elección de los altos tribunales en otros países de Europa, vemos que para seleccionar a los jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido existe una comisión de expertos designada para este propósito específicamente. En Suecia, los 16 jueces de la Corte Suprema son nombrados siguiendo un procedimiento abierto de solicitud. En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura está compuesto en su mayoría por magistrados elegidos por sus compañeros de profesión. En Alemania los jueces del Tribunal Federal de Justicia son elegidos por el Comité Electoral del Poder Judicial. Y en Dinamarca, el país con el índice más bajo de corrupción del mundo, los miembros de la Corte Suprema son seleccionados por un consejo de abogados y de personas independientes, que forman parte del Colegio de abogados.

El 17 de noviembre de 2018, Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, haciendo referencia a las ventajosas negociaciones con el PSOE para elegir a los vocales del CGPJ, manda un Whatsapp a sus compañeros de partido en la Cámara. En él se refiere al candidato a presidente como un hombre con “una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0″ e inmediatamente después añade, “Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás”, en referencia al control de la sala del Supremo encargada de juzgar a los aforados.

Algo huele a podrido alrededor de la justicia y el hedor no viene precisamente de Dinamarca.

 

Ver más

BOE Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

BOE Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

reports.weforum.org Judicial independence

The World Bank Judicial independence, 1-7 (best)

 

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