Viñetas Eneko – @EnekoHumor, Ferran Martín – @ferranmartin, Polo – @PeaLeopoldo 

Artículo de Simone Renn – @SimoneRenn

 

Es intolerable que una sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo velando por los intereses de la ciudadanía se vaya a revisar por los intereses de la banca.

Este titular lo daba “Juezas y Jueces por la Democracia” el pasado viernes tras conocerse que tras la sentencia emitida el jueves 18 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda), cuyo ponente ha sido el magistrado Jesús Cudero, por la que se reconoce que:

Quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. Es decir, son los bancos y no el cliente quienes deben pagar el impuesto de las hipotecas.

24 horas más tarde la Sala de lo Contencioso-administrativo congelaba esa sentencia, a la espera de una decisión posterior del Pleno en la que se deberán pronunciar los 31 magistrados que conforman el Pleno de la Sala.

Es la primera vez en en la historia que el Tribunal Supremo actúa de esta manera, lo que desvela algo que los órganos de la Unión Europea vienen diciendo desde hace tiempo. Y es que:

Un informe del Consejo de Europa publicado en 2017 sitúa a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados evaluados por este organismo.

La mayoría de la ciudadanía vive “atónita”, “paralizada” como espectadora pasiva ante estas actuaciones de la Justicia en España, dignas de aquellas películas que veíamos en blanco y negro en las que la mafia americana tenía a jueces y fiscales rehenes de sus “intereses”.

Estamos “normalizando” la injusticia dentro de la Justicia, algo que socava la Democracia en su punto más débil al pervertirla desde sus más preciados cimientos.

La Justicia no es justa solo porque la imparta un juez, pues jueces existen en todas las dictaduras, tanto de derechas como de izquierdas, la Justicia es justa porque así la vive y la siente el pueblo del que emana la Justicia, pero claro, aquí en España ya empezamos mal porque en el título VI del Poder Judicial de la Constitución artículo 117, se dice:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Que se administre la justicia “en nombre del Rey” que resulta ser “una persona inviolable” según la propia Constitución, algo que no son la inmensa mayoría de los Jefes de Estado de las democracias europeas, y que haya llegado a tal puesto como heredero del franquismo, que es quien restauró la monarquía en España, pues ya dice mucho y hace pensar que la justicia española esté pervertida en su propia concepción.

Que los miembros del Tribunal Supremo sean nombrados por el Consejo del Poder Judicial, cuyos miembros son a su vez elegidos por los partidos políticos, también ofrece dudas sobre su imparcialidad.

Que exista una Justicia Militar en España en tiempos de paz, algo que no existe en otros países democráticos, justicia que discrimina a militares y guardias civiles, les recorta sus derechos y además los excluye de los derechos constitucionales, hace que no todos las españolas y españoles NO seamos iguales ante la justicia y que además el franquismo campe a sus anchas dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, como bien demuestra el manifiesto firmado en julio de este año, por ya más de 500 militares que fueron altos mandos, contestado por un puñado de militares y guardias civiles valientes, a los que además se les ha abierto expedientes.

Que nos encontremos casos como el de Coca-Cola que a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo contra la dirección de la empresa por los ERE no se exigío que se cumpliera, que nos encontremos a raperos como Valtonyc, nos guste o no nos gusten sus canciones, condenado a prisión, que revistas como Mongolia El Jueves se vean condenadas por sus obras, que se admitan a trámite querellas contra el programa El Intermedio por fundaciones franquistas o contra el actor Willy Toledo por un colectivo de “abogados cristianos” por expresiones que usan a diario miles de españoles, alejan a la Justicia española de lo que debería ser una Justicia imparcial y justa, lejos de los poderes políticos y económicos.

Se suman casos como el de Juana Rivas, que lo hemos vivido como un caso típico de “justicia machista y patriarcal“. Hay casos como el de las temporeras de fresas de Huelva, en el que “curiosamente” al final la Audiencia Nacional, en la que tenían puestas sus esperanzas las trabajadoras marroquíes, toma la decisión de no juzgar el caso de abusos cometidos contra las trabajadoras marroquíes y lo devuelve al juzgado de Huelva. Un claro caso en los que los intereses económicos parecen prevalecer ante los abusos sexuales y laborales.

Otro suceso flagrante es el que la Justicia admitiera a trámite los litigios de fundaciones franquistas sobre el cambio del nombre de las calles franquistas en Madrid.

Sin embargo vemos casos que se resuelven de forma favorable, podríamos decir que de formas peculiares.

El primer caso de “Bebés robados“, que llegan a más de 300.000 desde la época del franquismo hasta los años 90 en plena democracia, por fin se consigue que llegue a los juzgados, y se cierra con una sentencia en la que se reconocen los delitos pero se cierra con un patético “ustedes perdonen, pero ya prescribió”.

Otros casos que a gran parte de la ciudadanía han escandalizado son los de pederastia de la Iglesia española que de nuevo se han ido declarando como prescritos por la Justicia, con la connivencia de la Iglesia. Para más “inri” ahora la Iglesia después de que el Papa pidiese “perdón” nombran responsable de la comisión antipederastia de la Iglesia católica de España a Juan Antonio Menéndez, cuestionado por su actuación en los casos de abusos de La Bañeza y Puebla de Sanabria. Sin comentarios.

Otro proceso evidente de “Justicia injusta” es el del máster del líder del Partido Popular, Pablo Casado, beneficiado por el Tribunal Supremo quien reconoce que ha habido irregularidades, pero lo deja estar.

Un caso particular también fue el del marido de Ana Rosa Quintana, en el que se le relacionaba con el excomisario Villarejo, que apenas se escuchó en la prensa, por lo que parece un singular “pacto de silencio” y que fue exculpado.

Y es que hasta los propios miembros de la Justicia se quejan, pues el pasado abril tuvimos la primera huelga en la historia de España de jueces y fiscales, con un seguimiento del 70,5% a lo largo de nuestro país en las puertas de las sedes judiciales demandando la necesidad de reforzar la independencia judicial, de llevar a cabo mejoras laborales y la modernización de la Justicia, lo que es realmente preocupante.

Que el anterior Gobierno de España recibiese varios varapalos de la justicia europea como consecuencia de su ejercicio en los casos de extradición de los políticos catalanes que se fueron de España, o la negativa de ejecutar la euroorden contra el rapero Valtonyc es también sintomático de que la Justicia española no juega en la misma liga que la europea.

Y si a alguien le quedaba alguna duda de que “LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS NO ES JUSTA” tan solo tiene que leer los diferentes informes de la Unión Europea en los que se acusa a nuestro país como uno de los menos comprometidos en la lucha contra la politización judicial.

El pasado mes de enero el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de nuevo cargó contra España en su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción en el país. A ojos de la institución, las autoridades españolas no han cumplido con ninguna de las once recomendaciones para mejorar la transparencia y acabar con los conflictos de intereses y la prevaricación en el ámbito político y judicial.

Europa ha exigido a España que sean los jueces quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no los políticos, y ni caso.

Lo que llama la atención es que la ciudadanía parece estar anestesiada ante las injustas actuaciones de la Justicia en España, pues si bien oímos escuchar protestar de uno u otro partido político, poco o nada se escucha de las actuaciones de fiscales y jueces, ni tan siquiera en la hora del café o las cañas y menos en forma organizada por las calles.

Tan solo en el caso de “la manada” se pudo ver claramente como se movilizaba la ciudadanía contra la decisión de los jueces, porque fue un caso flagrante y lo cierto es que de poco sirvió, pues de momento los acusados gozan de libertad y han conseguido que poco a poco se diluya la indignación hasta desaparecer de las conversaciones cotidianas y sobre todo de las protestas en la calle.

Ya olvidamos el “misterioso incendio” de la Ciudad de la Justicia en Valencia del año pasado. Cabe recordar que la Comunidad Valenciana lidera el ranking de casos de corrupción. Más del 50% de las causas que llevan los tribunales de la Ciudad de la Justicia, son de corrupción y todos ellos forman un endemoniado puzle: Taula, Púnica, Gürtel, Laterne, Emarsa…

La rabia se apodera de gran parte de la ciudadanía cuando tenemos que escuchar que “la Justicia es igual para tod@s en España“, sobre todo cuando lo oímos de la boca de nuestro permanente e inviolable “Rey borbónico”, mientras el fasto ciega y enmudece a parte de sus súbditos.

Desde luego que existen magistradas, magistrados y fiscales en España con ánimo de impartir “Justicia”, como no, pero me atrevo a decir que probablemente sufran el tan conocido mobbing por los compañeros conectados con las redes del poder.

Y es que la “injusta Justicia” alcanza de forma favorable o injusta a civiles, militares y a miembros de la Iglesia según interese, no deja nada libre a su paso. Todo esto ocurre mientras los que denuncian la corrupción se encuentran indefensos ante los poderes fácticos del Estado. El franquismo, el machismo y el poder del dinero y de la Iglesia son todavía graves cánceres de la Justicia española. Está claro que:

La Justicia española no juega en la misma liga que la europea.

 

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La Justicia es vilipendiada en España, ahora por un caso inaudito del Tribunal Supremo acosado por los intereses de la Banca Viñetas Eneko, Ferran Martín y Polo Artículo Simone Renn

Viñeta de Eneko

 

La Justicia es vilipendiada en España, ahora por un caso inaudito del Tribunal Supremo acosado por los intereses de la Banca Viñetas Eneko, Ferran Martín y Polo Artículo Simone Renn

Viñeta Ferran Martín

 

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Wikipedia Poder judicial de España

Congreso.es Título VI. Del Poder Judicial

Wikipedia Consejo General del Poder Judicial

Es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España. Su principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.

Los miembros de este consejo son propuestos por el Congreso y el Senado. Su presidente es también presidente del Tribunal Supremo. Su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo

Wikipedia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo es el órgano constitucional de España que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial. Es el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales cuya responsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial.

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