Viñeta Eneko – @EnekoHumor

Artículo de Caracola – @carolacaracola5

 

Oyendo los audios en los que Corinna cuenta que durante la etapa en la que fue amante de Juan Carlos de Borbón fue usada como testaferro para ocultar propiedades, que el monarca tiene cuentas en Suiza ─nada nuevo─, que cobró comisiones por hacer las gestiones del AVE a la Meca o que se acogió a la inconstitucional amnistía fiscal de Montoro… pienso en Valtonyc; tres años y medio de cárcel por, entre otras cosas, un delito de injurias a la Corona por rapear la frase “Los Borbones son unos ladrones”. ¡Qué país!

Ante estas revelaciones que no me parecen nada sorprendentes pero sí muy escandalosas, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, pide a la Agencia Tributaria que investigue a Juan Carlos de Borbón por posibles fraudes fiscales. También Unidos Podemos, junto a PDeCAT, Compromís Bildu y el BNG, requieren al Gobierno para que cree una comisión de control en el Congreso y se llame a declarar al rey emérito.

Justas y acertadas estas peticiones para la gravedad de los hechos pero que son propias de otro mundo que no es el nuestro. No confío en que tengan ninguna respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Sabemos que la Constitución concede inviolabilidad a la figura del jefe del Estado, eso significa que el rey nunca, en ningún caso podrá ser juzgado por ningún delito ─repito─, por ningún delito que pudiese cometer. Esto no tiene excepción, insisto.

La pregunta que ha surgido estos días es que si Juan Carlos de Borbón, aun rey, aunque emérito, pero ya no jefe del Estado conserva la inviolabilidad. La respuesta ha llegado rápido. Por un lado, la inviolabilidad constitucional protege todos sus actos durante su etapa como jefe del Estado pero además, cuando en 2014, mediante la abdicación, dejó la Jefatura del Estado, se le dotó de un especial aforamiento que lo mantiene igualmente protegido de la Justicia. Es decir, que el Estado se preocupó de “blindarlo”, por lo que pudiese salir a la luz. Produce risa recordar a Juan Carlos de Borbón, en sus discursos navideños, contándonos que “todos somos iguales ante la ley”. Sí, es curioso que lo dijera él a quien la Justicia no puede tocarle, él que está por encima de la ley a la que está sujeta toda la ciudadanía, excepto él.

Esto no nos pasaría si fuésemos una República. El artículo 85, del capítulo V “Presidencia de la República” de la Constitución de la II República Española decía en su primera línea: “El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.”, es decir, se le podría juzgar y por su puesto condenar de los posibles delitos cometidos durante su mandato, no había nadie por encima de la ley.

Pero además de la protección que a la Corona le concede la Constitución ─en cuya redacción no olvidemos que no pudieron participar los partidos republicanos porque el Estado se preocupó de legalizarlos solo después de las primeras elecciones de 1977 para que no formasen parte de las Cortes Constituyentes que tendrían que redactar la constitución de 1978─, la Monarquía viene gozando de una tradicional protección de los partidos políticos que conforman el bloque monárquico del “régimen del 78” o “régimen posfranquista” y el PSOE es uno de ellos. No en vano, Pedro Sánchez declaraba en 2016 que “se siente «identificado» con la bandera del régimen constitucional de 1978” y la incongruencia de que según él “los republicanos se sienten muy bien representados con esta Monarquía parlamentaria”. Será él, yo no, desde luego.

Así, no es de extrañar que sobre las grabaciones de Corina, la portavoz del Gobierno no tenga nada más que decir que: “Afortunadamente, no afectan al jefe del Estado, Felipe VI. Son antiguas, ni las consideramos” y a otra cosa, mariposa… ¿Antiguas? Tienen tres años y los delitos están vigentes. No afectan al actual jefe del Estado pero sí a la institución de la Corona con la que los Borbones han comerciado para su beneficio. ¿No las consideran? Pues el Gobierno tiene la obligación de perseguir cualquier delito y a cualquier delincuente… ¿salvo que represente a la Corona?

Una de las revelaciones que Corinna hace en sus grabaciones ─consentidas o no─, es que Juan Carlos de Borbón pudo aprovechar la Amnistía Fiscal de Montoro ─que no olvidemos que fue anulada por el Constitucional en 2017 por considerarla inconstitucional─. Pedro Sánchez reiteró en distintas campañas electorales que revelaría la lista de los acogidos a aquellas ventajas fiscales pero ahora… como el asunto parece que toca a la Corona… donde dije digo, digo Diego y el Gobierno, a través de su portavoz (¿O portavoza?) ha dicho que le parece muy bien lo que hacían los anteriores y que no va a publicar ese listado… No sé. Esto si no es proteger a presuntos delincuentes fiscales, se le parece mucho.

Y a todo esto… ¿Dónde está Felipe VI? No le faltó tiempo para dirigirse al país por TV cuando el 3 de diciembre le parecía que, por el conflicto catalán, “estaba en peligro la unidad de la patria” para recordarnos a todos lo importante que es el “respeto a la ley y a la constitución” a la que nos tenemos que ajustar todos menos él y su familia. ¿Y ahora? ¿No tiene nada que decir?

Llegados a este punto, “entiendo” que el CIS no quiera preguntar por la Monarquía para luego contarnos lo que podemos ver todos: la Corona es una institución que, además de que nos llegó como una imposición de la herencia del dictador sin que en ningún momento pudiese pasar un filtro democrático, ahora se le están cayendo ante la ciudadanía, los oropeles palaciegos que tanto los han protegido y se nos muestra tan corrupta e inmoral como suponíamos.

Yo lo tengo claro, cada día está más cerca un Estado Republicano y si tuviésemos un Gobierno al que le preocupase la ciudadanía y la calidad democrática más que proteger a instituciones caducas, estaría ya pensando en organizar un referéndum sobre la forma de Estado que las españolas y los españoles queremos.

Y si al ciudadano Felipe de Borbón le preocupase este país más que su familia y su trono, abdicaría ya sin más demora para poder abrir paso a un período de verdadera democracia y decencia.

 

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