Viñetas de Lope – @lopehumor

Artículo de Simone Renn – @SimoneRenn

 

 

El pasado mes de julio salían a la luz unas conversaciones grabadas por el excomisario Villarejo, en las que se podía escuchar como la “amiga especial” del Rey, la princesa orinna zu Sayn-Wittgenstein, señalaba acciones de Juan Carlos I que podrían ser causa de prevaricación y evasión fiscal.

La princesa Corinna explicaba como Juan Carlos I a través del abogado Dante Canónica creaba “estructuras” opacas y las ponía a nombre de terceros. Según explicaba la princesa ella habría actuado como testaferro del Rey, en su momento. También se la pudo oír como explicaba que Juan Carlos I pidió una comisión por el AVE a la Meca y recibió dinero saudí, operación en la que medió la empresaria iraní Shahpari Zanganeh, tercera esposa del empresario y traficante de armas Adnan Khashoggi. Según Corinna, ella alertó al Rey de la inconveniencia de esta operación, porque según ella el pueblo español ya le pagaba al Rey por representar a la industria española.

Fuera de esas conversaciones, pero como consecuencia de las mismas, se llegó a especular sobre la probabilidad de que Juan Carlos I se hubiera acogido a la amnistía fiscal de Montoro del 2012, amnistía que más tarde el Tribunal Constitucional declararía en junio del 2017 como inconstitucional y nula.

Aunque el PSOE se comprometió a revelar el listado de personas que se habían acogido a tal amnistía cuando llegase al poder, pues se lo había exigido al PP cuando éste gobernaba, finalmente Pedro Sánchez, ya como presidente, ha decidido no hacerlas públicas, pues según explicaciones del Ejecutivo no encuentran la capacidad jurídica para hacerlo. En fin.

Pero el rey emérito está bien cubierto, pues de ello se encargó el Partido Popular cuando Juan Carlos I abdicó en el 2014, pues si bien su figura perdió la “inviolabilidad” de la que le dota al Rey las leyes españolas, inviolabilidad que le permite al Rey “hacer lo que desee” sin miedo a ser juzgado por la Ley, el rey emérito pasó a engrosar las filas de los más de 10.000 privilegiados que en España gozan de aforamiento.

Es en este punto cuando conviene volver a recordar que en países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no existe el aforamiento.

Pues bien, como consecuencia de todo lo acaecido tras las importantes revelaciones de la princesa Corinna, Unidos Podemos pidió crear una comisión de investigación sobre las mismas en relación con las actividades del rey Juan Carlos, y ayer 4 de septiembre pudimos saber que PP, PSOE y Cs rechazaron en la reunión de la Mesa del Congreso crear esa comisión de investigación y así paralizar la investigación de las finanzas del rey emérito, cuando según Podemos “hay sospechas fundadas de que Juan Carlos I incurrió en evasión fiscal”.

La argumentación de los partidos que se han negado a la creación de la comisión, parece que radica en que la figura del rey es “inviolable” y entonces irían contra la Constitución, según el asesoramiento de los letrados del Congreso. Sin embargo Unidos Podemos piensa que se puede hablar de las finanzas del Rey a partir de su abdicación, pues aunque el Rey goza de aforamiento, no de inviolabilidad, podría llegar a ser juzgado por el Tribunal Supremo como el resto de los aforados en España.

Podemos no obstante presentará un escrito para pedir a la Mesa “la reconsideración” de su decisión y ha instado a PSOE y Cs a rectificar y “trabajar con Unidos Podemos para la regeneración democrática”.

Está claro que de momento en nuestro país hay ciudadanos de primera y segunda, vamos que la Ley no es igual para tod@s.

Todo esto ocurre cuando nos llega la noticia de que el número de ultrarricos en España ha crecido un 5,4% este año, un 150% más desde que arrancó la crisis.La cifra casi se ha triplicado en 10 años. Sin comentarios.

Os dejo un vídeo del diputado José David Carracedo, que resume muy bien lo que muchas y muchos pensamos.

 

 

ACTUALIZACIÓN 06-09-2018. Os dejamos este vídeo de Fernando Berlín que tampoco tiene desperdicio.

 

Ver más

La Sexta. El Congreso no investigará las grabaciones de Corinna tras el voto en contra de PP, PSOE y Ciudadanos 04-09-2018

La Sexta. El número de ultrarricos en España crece un 5,4% este año, un 150% más desde que arrancó la crisis 05-09-2018

Constitución española de 1978. Artículo 56.

  1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

  2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

  3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

BOE. Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio

El 19 de junio del presente año ha tenido lugar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

La figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado atribuyen al Jefe del Estado, al establecer el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2».

Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado.

Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina, a la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado.

 

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