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- Su riqueza les salvó , los impuestos a mi no. ¿POR QUÉ? EL PAÍS. LOS MAYORES CON SEGURO PRIVADO SÍ FUERON TRASLADADOS DE RESIDENCIAS A HOSPITALES EN MADRID. La Comunidad no impuso el triaje de ancianos a los centros privados reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto. (Viñeta de Artsenal)

– Su riqueza les salvó , los impuestos a mi no. ¿POR QUÉ? EL PAÍS. LOS MAYORES CON SEGURO PRIVADO SÍ FUERON TRASLADADOS DE RESIDENCIAS A HOSPITALES EN MADRID. La Comunidad no impuso el triaje de ancianos a los centros privados reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto.

 

Viñetas de Artsenal – @ARTSENALJH

Artículo de Puño en alto – @puno_en

 

Curiosamente esos “borradores” en los que se negaba la asistencia en hospitales a ancianos de residencias enviados por “error” no se enviaron a los 40 centros y hospitales de la red privada de salud de Madrid.

Protocolo enviado por “error”: tener más de 80 años, tener una enfermedad de órgano terminal, discapacidad mental o física, demencia moderada o grave, entre otras cosas, no se deriven a hospitales en caso de que presenten síntomas de covid 19.

Decía el dictador Adolf Hitler que la guerra era un momento clave para acabar con todos aquellos enfermos que él consideraba incurables, aquellos que según el régimen nazi solo consumían recursos del Estado -personas con enfermedades y discapacidades físicas o mentales-, mientras el resto del mundo andaba demasiado distraído en otros asuntos. Dicha idea fue materializada en el famoso programa llamado “T-4” o “de eutanasia“: asesinatos masivos de personas con discapacidad (entre otras), consideradas como una carga para el Estado y vidas sin valor. Fueron muchas las protestas públicas que se dieron en contra de tal descabellado programa, la misma Santa Sede había afirmado que “el asesinato directo de una persona inocente por defectos mentales o físicos no está permitido“, ya que está contra la ley divina. Fue una masacre que aún hoy muchos niegan, a pesar de las evidencias de la misma, para evitar que se haga justicia, si es que se puede hacer justicia en estos casos.

Es un gran escándalo, aunque intenten ocultarlo desviando la atención de la ciudadanía hacia cosas que no llegan a ningún lado, la criminalidad tan descomunal que se ha cometido hacia los ancianos en algunas residencias de diferentes comunidades autónomas, dando órdenes de no derivar a muchos enfermos con nivel de dependencia o discapacidad intelectual a hospitales, siendo en la Comunidad de Madrid la mortalidad en dichos centros hasta 10 veces superior que en otros territorios. Al caos que se ha vivido en las residencias madrileñas, con un 60% de bajas de personal cuidador debido a los contagios (siendo ya el número, antes de la pandemia, muy reducido como consecuencia de los recortes en los mismos), siendo algunos centros pequeños evacuados porque se quedaron sin manos literalmente, con personal de cocina, mantenimiento y otros cargos ayudando en tareas que no les correspondía y de las que no tenían conocimiento, a todo eso hay que añadir algo más: una decisión ética y legalmente muy cuestionada por parte del Gobierno madrileño, con Isabel Díaz Ayuso al mando. Así, en plena pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ordena enviar un protocolo a seguir en las diferentes residencias de ancianos de la comunidad que gobierna. En dicho protocolo se evidencia una gran discriminación hacia pacientes, pues se ordena que aquellos que cumplan ciertos requisitos -como el tener más de 80 años, tener una enfermedad de órgano terminal, discapacidad mental o física, demencia moderada o grave, entre otras cosas-, no se deriven a hospitales en caso de que presenten síntomas de covid 19. En un segundo protocolo se elimina el criterio de rechazo a pacientes de más de 80 años con síntomas de covid 19, pero el resto no se modifica. Así, fueron miles de ancianos los que presentaron síntomas y que fueron excluidos de llevarlos al hospital, muriendo abandonados en sus camas. Sin saber que hacer, muchos directores de residencias avisaron al gobierno madrileño de la situación tan crítica en la que se encontraban, pero solo encontraron como respuesta el más absoluto silencio.

Cuando el protocolo sale a la luz, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su consejero Enrique Ruiz Escudero, niegan la existencia de dicha orden. Ante las protestas de la población y el escándalo que se avecina, el protocolo llega a tener hasta seis versiones distintas, siendo el definitivo enviado el 25 de marzo, y lo cierto es que la defensa que ambos hacen de los protocolos caen en contradicciones. Y cuando ya no pueden negar lo evidente debido a las numerosas pruebas que hay, estos cambian su versión diciendo que es cierto que esos protocolos se enviaron, pero solo eran “borradores” y se enviaron por “error” (desde luego son borradores bastante macabros y preocupantes). Sí, un “error” que se envió a 475 residencias de Madrid. Un “error” que ha costado muchas vidas, porque, precisamente, el 80% de muertes en residencias madrileñas se produjeron hasta el 17 de abril (período en que los hospitales negaron dichos ingresos según estableció el protocolo enviado). En Madrid, han sido cerca de 6.000 ancianos los que han fallecido con covid-19 o sintomatología, siendo un porcentaje muy alto aquellos que murieron sin ser trasladados a un hospital. Pero, curiosamente, esos borradores enviados por “error” no se enviaron a los 40 centros y hospitales de la red privada de salud de Madrid, de modo que encontramos un añadido: no solo se discriminan en dichos protocolos a personas con discapacidad u otras enfermedades, sino que también se discriminan a aquellos que no gozaban de un seguro privado. Asisa o Sanitas, dos aseguradoras privadas de los hospitales madrileños, aseguran que nunca tuvieron órdenes de tener que seleccionar a sus mayores según los criterios del protocolo. De esta forma, a todos aquellos ancianos con síntomas de covid-19 que presentaron algunas de las características discriminatorias, eran rechazados por los hospitales públicos mientras que los ancianos con seguros privados gozaron de su derecho para ser atendidos en una cama en un hospital público. Parece ser que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se olvidó de que ese derecho lo tenía todo el mundo. Un error, ¿eh?

Ayuso, a diferencia de los presidentes de otras comunidades autónomas, solo quiere eludir responsabilidades, de ahí lo de negarlo, de ahí justificarlo como un “error”, de ahí que la presidenta haya tenido el valor de decir que esto no ha sido más que una “anécdota”, para luego barrer la culpa hacia el Gobierno central, a pesar de que la responsabilidad de las residencias recae sobre las comunidades autónomas, de modo que su gobierno es el único responsable de lo ocurrido en las residencias de Madrid.

Pero curiosidades hay muchas, como la de que fuera precisamente el Partido Popular quién en febrero votara en contra de la Ley de Eutanasia, afirmando que “para el PSOE la eutanasia es una política de recortes. Quieren ahorrar costes“, excusándose bajo la afirmación de que no hay una demanda, a pesar de que las encuestas del CIS decían que más del 70% de los españoles apoyaban la regulación de la eutanasia. Para contrarrestar la imagen de esa negativa a una muerte digna, los populares presentaron una proposición de ley sobre cuidados paliativos. Decían que tenemos la mejor sanidad del mundo y que no se podía invitar a la muerte en lugar de defender la vida hasta el último momento. Nos cuesta entender qué entiende el partido popular por cuidados paliativos cuando no han hecho más que ir desmantelando la sanidad pública. Nos cuesta entender qué entiende el Partido Popular por cuidados paliativos cuando han ordenado dejar morir a cientos de ancianos en sus camas. Nos cuesta entender que hablen de cuidados paliativos cuando han tenido las residencias con el personal sobrepasado debido a la escasez de este y sin recursos para la atención médica. Pero es lógico que nos cueste entenderlo, sobre todo después de escuchar como la misma presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaraba que “si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado“, argumentando con esto que dejar morir de esa forma a esos ancianos sin la atención médica que les correspondía por derecho, era algo que había que hacer. Parece que lo de defender la vida hasta el último momento es solo en los casos en que sus políticas lo consideren oportuno.

Y otra curiosidad que no podemos olvidar es que el rechazo a la ley de eutanasia de parte del PP está basado en criterios de ética y moralidad de la Iglesia Católica, una institución que intenta imponerse a una población que en su mayoría ya no comparte sus ideales ni su falsa fe. La Iglesia Católica conocida por ser una defensora de la vida, “la vida es un don de Dios y solo él tiene el poder para darla y quitarla”, dicen. De este modo, no solo se oponen a la ley de eutanasia para dar una muerte digna, sino que también se oponen a la práctica del aborto dándole igual cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre la mujer embarazada (si la madre sufre un peligro de muerte, si el bebé trae enfermedades graves, si el embarazo ha sido producto de una violación, etcétera). La vida ante todo, llevan como eslogan, y siempre es el argumento que utilizan para intentar justificar su negativa. Pero, parece ser que la defensa por la vida de la Iglesia Católica es relativa -y no lo decimos porque se opusieran a leyes como la del Ingreso Mínimo Vital, a sabiendas de que es una manera de ayudar a sobrevivir a todos aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis-, pues no se entiende cómo es posible que ante lo que ha ocurrido en las residencias madrileñas haya guardado un auténtico y completo silencio. Parece ser que las vidas de todos esos ancianos no son lo suficientemente importantes y valiosas para que los altos cargos de esta institución salgan aclamando su famoso eslogan “En Defensa de la vida”. Ese silencio nos hace pensar que no les han importado absolutamente nada de lo que ha pasado en esas residencias como consecuencia de decisiones políticas del gobierno madrileño, decisiones que están contra los derechos internacionales de las personas con discapacidad.

Que la decisión política tomada por el partido popular madrileño con Isabel Díaz Ayuso al frente es muy cuestionable tanto ética como legamente, es más que evidente, y todo ello da aún más escalofríos cuando recordamos las declaraciones de uno de los que fuera consejeros de Sanidad de los populares: “Cada vez que desaparece una persona de estas características, desaparece un problema económico y financiero para el Estado. Cada vez que una de estas personas es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo“, argumentando así lo que el Partido Popular entiende por eutanasia.

 

- ¡¡Fue el coletas!! (Viñeta de Artsenal!

– ¡¡Fue el coletas!! (Viñeta de Artsenal!

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