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Viñeta de Lope – @lopehumor

Artículo de Víctor Arrogante – @caval100

 

La mayoría de cuantos participaron en el 23-F no han pagado su culpa. Sigue habiendo algún tapado que quizás sea irresponsable penalmente.

La instrucción de la causa del juicio de Campamento, del 23-F, fue irregular y el Juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar una componenda.

Los acusados no solamente invocaron al rey para su defensa, sino que alegaron obediencia debida y estado de necesidad, como eximentes.

El monarca intercedió ante el gobierno y ante la justicia militar para que a los involucrados, no les sucediera nada demasiado grave, porque a fin de cuentas, los golpistas solo querían lo mejor.

La pasada semana escribía sobre la ejecución del golpe de Estado de aquel 23-F de 1981. En este mes de Febrero he retomado el hilo de la historia y recuperado una serie de artículos, revisados y ampliados, que aparecen en mí libro Reflexiones republicanas (2013). Hoy vamos a conocer algunos extremos del juicio contra quienes lo consumaron. Se celebró en la Casa de Campo de Madrid.

Cerca de cuarenta años han pasado desde que fuerzas antidemocráticas, mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria sin identificar en su totalidad, perpetraron el último golpe de estado en España. También fue un golpe de Estado promovido desde las instancias del poder para reconducir la situación política a la deriva. La mayoría de cuantos participaron no han pagado su culpa. Sigue habiendo algún tapado que quizás sea irresponsable penalmente.

¿Se hizo todo en nombre del rey? ¿Es cierta la frase conocida, y que el rey repetía: “a mi dármelo hecho”? ¿Participaron destacados miembros de los partidos en la oposición y en el gobierno? ¿Cuál fue el papel que jugaron los servicios de información e inteligencia? El 23-F ha generado infinidad de libros y publicaciones, que han clarificado muchos extremos; pero siguen habiendo un cúmulo de interrogantes que sólo el tiempo desvelará. Fue un episodio que se quiso cerrar con demasiadas prisas y se hizo en falso. Quienes participaron, trataron de ocultar y desvirtuar la realidad; quienes algo conocían, por su interés lo taparon, y otros silencios por corporativismo y lealtades mal entendidas; demasiadas instituciones y gente importante implicada.

Iñaqui Anasagasti recuerda una conversación con Sabino Fernández Campo −entonces secretario general de la Casa del Rey−, sobre lo que escuchó decir al rey, en su conversación con el general Armada: “¡Qué coño es eso de intimidación! ¡Eso no estaba previsto!”. Según Anasagasti, Fernández Campo le contó que: “Al quedarme solo me di cuenta que mi cabeza era un volcán y cien preguntas me surgieron. ¿Qué significaba lo de no estaba previsto? ¿Por qué el Rey aparentaba estar tranquilo conmigo y no con Armada?”. ¿Era la acción individual del loco Tejero? ¿Era un golpe de Estado? “Cogí el teléfono y llamé a mi hombre de confianza destacado en el Congreso y me confirmó que Tejero había dicho que aquello lo hacía en nombre del Rey”.

La instrucción de la causa fue irregular y el Juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar una componenda. No estaban sentados en el banquillo todos los implicados, aunque algunos de ellos fueron juzgados. La Casa de Campo, fue un desfile de carnaval. Todos eran compañeros: de uniforme, de cuerpo o de arma. Los que juzgaban, podrían haber sido inculpados, lo defensores acusadores y los procesados juzgadores. Se pretendió una férrea censura durante el juicio para acallar a la prensa que no consiguieron. Pedro J. Ramírez, entonces director de Diario16, fue expulsado de la sala por sus artículos y comentarios, que fue amparado por el Tribunal Constitucional.

La causa 2/81 nunca desentrañó la trama CESID, por lo que quedó sin conocerse la procedencia de las órdenes, si existieron, de acciones encubiertas o de inducción, y el papel que jugaron los agentes implicados. Todos declararon su inocencia, salvo Pardo Zancada que creía que la operación contaba con el apoyo real. No solamente invocaron al rey para su defensa, sino que alegaron obediencia debida y estado de necesidad, como eximentes. Todo fue un cúmulo de contradicciones.

Entre los acusados se formaron dos grupos irreconciliables: Armada, con los del CESID (Gómez Iglesias y Cortina), frente a los demás. No se conoció si Armada formaba parte del golpe principal o si por el contrario lo fue del alternativo, o si participó para reconducir la situación; declaró que “antes, durante y después, actuó a las órdenes del rey”. Milans se escudó tras las reuniones que dijo haber tenido con Armada, donde se le aseguró que el rey estaba de acuerdo.

Tampoco el juicio conoció la autoría intelectual; si fue Milans, junto con los otros generales y militares de alta graduación procesados, o quien fue el tapado “elefante blanco”. En el juicio sí quedó probado que había habido una rebelión militar. También quedó probado, por grabado, el asalto de la guardia civil al Congreso. De no haber habido esas imágenes, posiblemente nos habrían ocultado hasta la propia acción.

Fueron juzgados catorce militares, dieciocho guardias civiles y un ex dirigente del sindicato vertical franquista; pese a que muchos más participaron, por acción u omisión, conocimiento o inducción. La sentencia condenó al general Milans y el teniente coronel Tejero, fueron condenados a 30 años de prisión, por un delito probado de rebelión militar. Posteriormente el Supremo condenó a la misma pena, por el mismo delito, al general Armada. El resto de procesados fueron condenados a diferentes penas, entre los doce años a uno de prisión, o a la pérdida de empleo temporal, y tres absoluciones.

La reunión de Juan Carlos de Borbón con las fuerzas políticas el día 24 de febrero, fue un pacto de conveniencia, para evitar la generalización de la culpa hacia las fuerzas armadas y de seguridad del Estado. Después ya nadie supo nada; Tejero llegó a decir: “espero que alguien me cuente algún día lo que fue el 23F”. El presidente Calvo Sotelo, intentó que se implicara al menor número posible de militares. En los papeles del embajador alemán, ya citados la pasada semana, se dice que el monarca intercedió ante el gobierno y ante la justicia militar para que a los involucrados, no les sucediera nada demasiado grave, porque a fin de cuentas, los golpistas solo querían lo mejor.

La Zarzuela afirmó que: “La participación y actuación del rey en defensa de la democracia y la Constitución aquel 23-F, está fuera de toda duda para los españoles y la comunidad internacional”; no todo está aclarado. La corona estima que el 23-F es más territorio de los historiadores. Pocos años han pasado para pretender que la historia se haga cargo de la situación. Muchos somos los que vivimos la congoja de un golpe de Estado y si de verdad fue, como parece, una operación en la que el rey estaba implicado para consolidar su situación ante la democracia, su culpa no ha prescrito.

Sabino Fernández Campos habló por teléfono con el general Armada: “Alfonso, si es verdad que ese loco ha entrado en el Congreso en nombre del Rey hay que desmentirlo urgentemente”. Se dirigió al rey y en presencia de la reina le dijo: “Señor, lo que está sucediendo es muy grave. −Sí, Sabino, la cosa es grave. Creo que debemos autorizar a Armada a que venga a la Zarzuela y nos explique lo que está pasando, porque creo que están pasando cosas que no estaban previstas−” ¿Cosas que no estaban previstas? ¿A qué se refería? “Por primera vez noté cierto nerviosismo en el rey, como si quisiera ocultarme algo”. Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el rey.

Franco en su testamento político, dejaba todo “atado y bien atado” en manos del rey, la banca, la alta burguesía, los altos mandos de la administración, el ejército y la Iglesia. Seis años después de su desaparición, su espíritu seguía vivo y el aparato intacto. No podían consentir que se otorgase la soberanía al pueblo, se legalizaran los partidos, especialmente el PCE, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Otros intereses de poder pretendían reconducir la situación, ante la política de Suárez “que llevaba al abismo”.

Si los golpistas estaban en ese juego −visionario, violento, peligroso y sucio para la joven democracia y españoles y españolas−, sin triunfar, algo consiguieron: la figura del rey se consolidó ante la ciudadanía y las fuerzas políticas (renta de la que todavía sobreviven); la democracia se consolidó (a costa de quedar sometida al miedo a la involución); el desarrollo del estado autonómico (que supuestamente hacía peligrar la unidad de España), se paralizó temporalmente, y la situación política e institucional (creada por los gobiernos de Suárez ya dimitido) se recondujo.

El 17 de marzo de 1981, el Congreso de los Diputados celebró un pleno monográfico sobre el 23-F a puerta cerrada −algo sin precedentes−, sin cámaras de televisión, fotógrafos ni invitados. El ministro de Defensa, Alberto Oliart, presentó la primera explicación oficial. El informe Oliart precisaba que el golpe sufrió un adelanto forzado, ante la inesperada dimisión de Adolfo Suárez y cogió a los golpistas con el pie cambiado. Como los autores del golpe primaron la seguridad, la conjura “no fue detectada a tiempo por los servicios de información”.

El Congreso guarda bajo relativo secreto tres informes sobre el golpe de Estado del 23-F: uno redactado por el jefe de seguridad de la Cámara, otro de los secretarios de la Mesa y un tercero que refleja la transcripción de la comparecencia en la que el ministro de Defensa ofreció las primeras conclusiones en esa sesión a puerta cerrada. Los papeles fueron parcialmente desclasificados en 2011, durante la presidencia de José Bono. Los archiveros de la cámara son claros sobre el material, que se permite consultar a algunos periodistas: se pueden tomar notas, pero no hacer fotografías o fotocopias.

Según el informe Oliart, el papel de Juan Carlos I constituye “un ejemplar ejercicio de la suprema magistratura de un Estado y del respecto por la soberanía popular”. Frente a la teoría de Oliart, otros analistas del 23-F han destacado siempre que el monarca fue ambiguo durante las primeras horas del golpe y solo actuó con rotundidad cuando la asonada estaba en fase de fracaso. En Anatomía de un Instante, Javier Cercas profundiza en las zonas grises en torno al papel antes y durante el golpe de Estado. En una entrevista al diario El País, Cercas aseguraba: “El rey hizo cosas en el 23-F que no debería haber hecho”.

El golpe del 23-F, sigue siendo secreto de Estado; quedan preguntas sin respuestas, que plantearemos la próxima semana.

Viñeta animada:

 

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Wikipedia Golpe de Estado en España de 1981

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El título de esta recopilación «Reflexiones republicanas», tiene sentido, puesto que los principios y valores que inspiran el republicanismo y la República, han guiado todas las reflexiones de Víctor Arrogante, convencido de que, no se terminarán los males de España por instaurar una República; pero podría ser un principio para construir un sistema políticamente abierto, participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por los principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado.

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